Afecta populismo el ánimo inversor

Efecto Multiplicador

Golpean a los mercados mundiales las perspectivas de una recesión en Estados Unidos y, por si fuera poco, en México se le suma a esta turbulencia la actitud del Gobierno federal de “quedarse con todas las canicas

Es un hecho que tanto la inversión productiva como la inversión financiera se frenan en el País porque desde la Presidencia avanza el plan de secuestrar al Poder Legislativo al igual que las propuestas de desaparecer los organismos autónomos.

Morena y aliados pretenden con el 54% de los votos, alcanzar el 75% de las curules para así detentar la mayoría calificada en el Congreso; con esta plataforma tendrán manga ancha para hacer cambios y adiciones a la Constitución desde el corto plazo.

Además, AMLO quiere desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros autónomos.

Un Ejecutivo federal controlando el Legislativo y el Poder Judicial -esta última con el cuento de democratizarla- desconcierta a los hombres de negocios; a los que arriesgan sus capitales para producir, distribuir y comercializar bienes y servicios, pues las señales son que la institucionalidad en el País se viene a pique.

Los ideólogos dirán que “el jalón de orejas” por parte del Gobierno mexicano a los inversionistas productivos y a los financieros ya era hora de que alguien la aplicara, pero no reparan en que los ingresos tributarios y otros ingresos del sector público provienen al 100% de la iniciativa privada.

Quienes sueñan en un Gobierno todo poderoso están encantados con que Morena se adueñe de los otros dos poderes y de la economía.

Sin embargo, los gobiernos son tan sólidos en lo económico como tan fuerte sea la planta productiva. Debe recordarse que el buen Gobierno es un árbitro que maniobra entre empresas y familias, no un jugador en la cancha económica-legal.

Y el mejor arbitro desde el sector público, es el que evita o minimiza abusos empresariales y familiares; es el que desmorona legalmente monopolios y oligopolios y es el que mete en cintura (llama a la concordia por el bien social) a aquellas poderosas familias que abusan de sus comunidades.

En la mejor dinámica, los gobiernos maniobran a favor de una competencia económica que propicie los precios justos de bienes y servicios a la vez que vela por la competitividad salarial que evite o minimice las desigualdades en los ingresos de los trabajadores.

Empero, en los tiempos actuales, una buena cantidad de gobiernos “progresistas” quieren tirar a la basura la etiqueta de árbitro; esa que les fue conferida desde el momento de su creación -luego de la crisis del feudalismo- y pretenden ser competencia del sector privado.

Así que no debe olvidarse que el Estado (la Presidencia de cualquier País), tiene por lo menos tres obligaciones básicas: Dar seguridad a su población -al tener el monopolio de las fuerzas armadas- cuidar el patrimonio de las familias y propiciar la mejor operatividad entre empresas y familias.

Para solventar estas tres grandes obligaciones, el Estado cuenta con el respaldo económico de sus gobernados a través del pago de impuestos, derechos y otros.

Bien dicen los grandes teóricos económicos que las naciones exitosas tienen instituciones políticas y económicas que son “abiertas”, o libres, justas y accesibles a la sociedad en general.

Como contraparte, las naciones fracasadas tienen instituciones políticas y económicas que son “exclusivas” o que explotan a los ciudadanos promedio para beneficiar a unas pocas élites poderosas.

Así que mientras se siga sacudiendo (para mal) la estructura institucional de México, los mercados financieros continuarán tambaleándose; el precio de las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa disminuirán (como ha sucedido en las últimas jornadas) y el peso perderá terreno frente al dólar.

En este escenario de desánimo, la fuga de capitales está latente y las economías estatales como la de Sonora pueden pagar los “platos rotos” de un Gobierno saliente y entrante que casi todos los días están jugando con fuego.

EL “NEARSHORING” SE ESCAPA

Los difíciles momentos actuales más la actitud del presidente López Obrador de por lo menos duplicar la duración de su sexenio (y todo lo que eso implica), están haciendo más complicando el aterrizaje del “nearshoring” en México.

Cabe aclarar que en el caso de la relocalización de empresas, los actores relevantes no son gubernamentales sino empresariales porque son los que invierten y arriesgan.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía de la Unison.

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