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Cerro de La Campana

Para el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Plan Sonora de Energías Sostenibles se ha convertido en la principal estrategia de atracción de inversión extranjera.

Cerro de La Campana

Para el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Plan Sonora de Energías Sostenibles se ha convertido en la principal estrategia de atracción de inversión extranjera.

Un ejemplo es la llegada de inversiones millonarias con proyectos a Cajeme, Agua Prieta, Hermosillo, Puerto Libertad y Guaymas.

Durazo Montaño ha sido el promotor principal de este plan a nivel nacional e internacional, con resultados que para algunos sectores son buenos.

La promoción del Gobierno estatal viene acompañada de una estrategia de estímulos fiscales para incentivar dichas inversiones.

En la lista de inversiones están: El Parque Solar Tastiota, l Alfonso Durazo en Hermosillo, cuya inversión asciende a 137.5 millones de dólares; Montaño. el Parque Solar Akin, en Hermosillo, para el que se destinaron 112 millones de dólares.

En la capital del Estado también se han instalado las empresas ASK Industries, con una inversión de 33 millones de dólares y el Parque Industrial Vie Verte Hermosillo 2.0. Otra de las grandes inversiones es la planta de licuefacción de gas Saguaro Energía de México Pacific Limited, en Puerto Libertad, donde se aplicó una inversión de 15 mil millones de dólares.

El Gobernador del Estado, en un evento realizado ayer, entregó estímulos económicos a deportistas sonorenses, comprometido con este sector. Fueron más de 450 los atletas de diferentes disciplinas los beneficiados con estos apoyos tipo beca.

Con estos estímulos se apoya a deportistas que han dado resultados al ganar competencias nacionales e internacionales, pero también se apoya a los deportistas con potencial y competencias en puerta.

El paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se adelantó la madrugada de ayer en cuando menos 16 estados del País; la paralización total se encontraba programada para los primeros minutos de mañana.

Además de la Ciudad de México, el personal cerró las instalaciones del PJF en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas.

La gente podía observar mantas y pancartas con consignas de rechazo a la reforma judicial que se tiene pensada votar el próximo 26 de agosto.

El paro no es total afortunadamente, pues darán trámite de asuntos urgentes y se mantendrán guardias escalonadas en cada plaza.

En la Ciudad de México, por ejemplo, no se prestaron servicios en un complejo donde se encuentran 78 juzgados y tribunales colegiados en materia civil, del trabajo y extinción de dominio, medida que afectó procesos.

A las 9:00 horas de ayer arrancó la votación de jueces de distrito y magistrados de circuito para decidir el paro nacional indefinido.

La Confederación Patronal de la República Mexicana mostró su preocupación por la reforma al artículo 19 de la Constitución Política que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Y es que la propuesta fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024 y en esta semana al parecer será discutida en el Pleno.

Para la Coparmex, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva representa un retroceso en la protección de derechos humanos.

“El incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a ameritan prisión preventiva oficiosa puede resultar en un uso indebido de esta figura”, refiere en su comunicado.

Además, precisa, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el juicio de amparo, y restringe la capacidad delJmosiénMisetdeirniaoMoalrtae.rnativas. l público y del juez para considerar medidas cautelares

El presidente del organismo, José Medina Mora, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar esta medida, al argumentar que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.

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