Honor a quien honor merece

JURIS TANTUM

Te hago un reto, realicemos el examen que se aplica a quienes pretenden ser jueces de distrito a ver quién de nosotros dos obtiene mejor calificación, me espetó inesperadamente y de forma por demás agresiva y arrogante una dama que se ostentó como jueza de Distrito con sede en algún municipio del Sur del País. Lo anterior, en su notoria frustración, después de escucharme debatir con un magistrado de Circuito y un juez de Distrito en el Séptimo Foro de Consulta para Discutir la Reforma Judicial celebrado el pasado 30 de julio en el Congreso de la Unión.

El proceso de reforma judicial que actualmente vive nuestro País se ha convertido en una vorágine en la que gran parte de la población opina desde la perspectiva de su cosmovisión, es decir, de conformidad a cómo ha sido su experiencia personal ante la judicatura.

Así, he tenido la oportunidad de leer y escuchar todo tipo de posturas en relación a esta reforma. En su gran mayoría de corte radical a favor o en contra y, como toda modificación que impacta estructuralmente, la transformación que se propone no se encuentra exenta de críticas que llevan implícitas altas dosis de emociones personales y apasionamiento, lo cual no es extraño dada la idiosincrasia latina de los mexicanos.

Cabe señalar que, de acuerdo a los artículos transitorios de esta iniciativa, también los poderes judiciales de los estados deberán someterse a un proceso de evolución que tendrá como lineamiento la propia reforma constitucional.

Un argumento recurrente de quienes son detractores de esta iniciativa, especialmente proveniente de elementos de la Judicatura Federal, es el consistente en que los órganos jurisdiccionales estatales son quienes atienden el 80% de los litigios y, por tanto, los culvos; pables en la sensación de injusticia reclamada por los justiciables.

Es ampliamente conocida la asimetría y gran brecha que existe entre las percepciones que reciben funcionarios con análogas tareas en los poderes judiciales de la federación y los estados, lo cual ha propiciado una desleal cooptación de recursos humanos estatales de alta valía quienes en su legítima aspiración de progreso económico han emigrado a órganos jurisdiccionales federales.

Si bien es cierto a lo largo de mi carrera como abogado litigante he sabido de, y experimentado, las malas prácticas y la falta de sensibilidad de integrantes de poderes judiciales de otras entidades federativas, en donde desde la oficialía de partes inicia el calvario pasando por todos los escalafones, también debo de reconocer que, en lo relativo a Sonora, invariablemente la curia local se ha compuesto de funcionarios, en su gran mayoría de alta calidad jurídica y, sobre todo, de elevadísima sensibilidad humana y decencia, lo cual tiene como producto una institución sana que indudablemente genera un ambiente propicio para la convivencia de nuestra sociedad y la atracción de inversiones.

En lo particular conozco por motivos exclusivamente profesionales a cuatro de los actuales miembros del Supremo Tribunal de Justicia sonorense siendo los licenciados Rafael Acuña Griego, Rosa Dolores López Carrión, Javier Enríquez Enríquez y Miguel Quintana Tinoco, así como al coordinador general de Gestión Judicial licenciado Luis Fabián Ramírez Mendoza, quienes me consta encarnan y constituyen un vivo ejemplo de las cualidades que enumeré en el párrafo anterior.

Toda vez que la reforma judicial, como se apuntó en líneas anteriores, habrá de comprender también a los poderes judiciales locales, estimo que en el caso de Sonora deberá formularse una legislación reglamentaria que, dentro del marco constitucional, permita en la medida de lo posible mantener el gran capital humano con el que actualmente se cuenta.

El autor es abogado penalista, implementador del Sistema Acusatorio en Sonora y primer scal general de Justicia en la historia de Sonora.