Preocupa a la IP el bloqueo minero

A pesar de que la minería tiene una carga fiscal del 57.3% y de que es una de las actividades productivas más reguladas de México, al operar en el marco de siete normas oficiales ambientales, el Gobierno federal le está pegando una severa desconocida.

“La gallina de los huevos de oro” para el sector público y otros rubros de la economía nacional, irremediablemente perderá el brillo económico que la caracteriza con la iniciativa lopezobradorista de prohibir la minería a cielo abierto.

La ruidosa propuesta del Jefe del Ejecutivo federal agarró fuerza política-social al asegurarse que la minería es altamente contaminante. La tesis oficial se respaldó mayormente en las supuestas fallas de esa industria más que en sus logros económicos que son muchos en materia de salarios competitivos, crecimiento y desarrollo.

El sector minero en México trabaja bajo estándares nacionales e internacionales para implementar procesos sustentables que cuidan el medio ambiente y los recursos para las siguientes generaciones. Su responsabilidad social es considerable.

Sin embargo, el Gobierno federal “tiene otros datos” y prácticamente está dinamitando al sector que tiene casi el mismo peso económico que la actividad primaria en México.

La minería detenta a la fecha una importancia en el PIB mexicano superior al 2%, cifra marginalmente inferior a la que tiene el sector agropecuario nacional.

Pero en términos fiscales, la minería se lleva de calle al sector primario al igual que en niveles salariales, en capacitación y en cuidados al medio ambiente, sobre todo en la optimización del uso del agua.

Las contribuciones mineras al SAT se componen del pago del ISR, del IVA, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), más del Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.

La Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex) subraya que en México existen 24 entidades (de las 32) “orgullosamente mineras”.

Un total de 696 comunidades crecen y se desarrollan gracias a la minería. El sector da empleo directo a más de 420 mil trabajadores con remuneraciones 33% superiores al promedio nacional.

No obstante, tal plataforma socioeconómica “está en la cuerda floja” porque el Presidente de la República junto con sus aliados de Morena y partidos satélites en la Cámara de Diputados, “le están dando en la puntilla” al sector al eliminar la minería a cielo abierto.

INQUIETA A SONORA

Dado que la importancia económica de la minería en Sonora es significativa, los líderes camarales del sector privado de la entidad han empezado a unir esfuerzos para, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, luchar por la explotación minera a la intemperie.

David Ramos Félix, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora, convocó el pasado viernes a los presidentes de los diferentes organismos empresariales para conminarlos a ir de la mano en favor de la minería en el Estado.

En la reunión estuvieron, Jorge Aguirre Robles, coordinador del Consejo de Participación Empresarial Sonorense (Copes), Arturo Fernández Díaz-González, presidente de Sonora Global, Héctor Ortiz Culebro, presidente de Asociación de Mineros de Sonora (Amsac), Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora, Juan Álvaro Corral, presidente de Canacintra Hermosillo, y Fernando Estrada, director general del Clúster Minero de Sonora.

También, Guillermo Moreno Ríos, presidente de Incide, Ángel López, vicepresidente de Canirac Sonora, Martín Zalazar Zazueta, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora (Canacope) y Aminaín Terán Villalpando, presidente de Canacope Hermosillo.

Carlos Reyes, director de Amsac, participó en el histórico evento, al igual que Miguel Ángel Pérez, de la Fundación del Empresariado Sonorense (Fesac), Fernando Astiazarán, de CMIC, Luz Ofelia Flores, presidenta de la Asociación de Real de Minas de San Javier, Elizabeth Araux, presidenta de Mujeres WIM Distrito Sonora, el reconocido contador José Fidel Ramírez, entre otros. El Colegio de Economistas de Sonora se suma a esta alianza por el rescate de la minería en la entidad. ¿Cuál es el plan?

Que el gobernador Durazo gestione ante la Federación “el estado de excepción”.

Esto es que el mandatario estatal deje en claro ante el Gobierno federal que con la prohibición de la minería a cielo abierto está en juego el futuro de Sonora.

La medida aprobada por diputados federales afecta no sólo a la industria minera sino también a la cementara, a la de la calidra, a la del molibdeno y otras cuyas operaciones se realizan al aire libre. Los focos de emergencia en el Estado se han encendido.