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Reforma sobre pueblos indígenas

El objetivo es reconocerles una personalidad jurídica en tanto pueblo, etnia, que les permita ejercer sus derechos.

Reforma sobre pueblos indígenas

Esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma constitucional sobre pueblos indígenas. Se trata de una demanda añeja de los indígenas mexicanos: Tener personalidad jurídica en cuanto pueblo. La iniciativa se la entregó al Presidente de la República el pueblo Yaqui en el año 2021, y le precedió una consulta a los pueblos indígenas mexicanos en 54 foros de consulta, más uno con indígenas mexicanos que viven en los Estados Unidos.

El objetivo es reconocerles una personalidad jurídica en tanto pueblo, etnia, que les permita ejercer sus derechos y atribuciones que hagan viable la libre determinación, el ejercicio de la jurisdicción indígena, adoptar sus formas de organización culturales propias y ejercer actos de gobierno que les permita su autodeterminación.

En el País hay muchas etnias, algunas concentradas en espacios limitados, pero hay otras dispersas, que ocupan regiones discontinuas pero conservan una identidad basada en la lengua, sus usos y costumbres afines y la conciencia de pertenecer a un pueblo ancestral. El problema que tienen es que las formas de organización oficiales son los ejidos y las comunidades con bienes comunales, que no permiten una agregación en un nivel superior que pueda repesentarlas con personalidad propia como etnia.

Esta reforma les permitirá gestionar, obtener presupuestos y ejercerlos, en cuanto grupo étnico, y aplicarlos para conservar y proteger sus recursos y territorios; y reconoce el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos, y la propiedad intelectual colectiva sobre este; y fortalece el derecho a las formas de desarrollo propias de su cultura y de su historia.

La iniciativa establece que los pueblos así constituidos deben ser consultados para obtener el consentimiento antes de cualquier decisión o proyectos que les afecten, lo que les permitirá salvaguardar de mejor manera su territorio ante el despojo que persiste por la imposición de proyectos extractivos como la minería y otros similares.

Será un reto de particular interés el asunto los usos y costumbres, reglas y leyes ancestrales que ejercen las autoridades comunitarias y que deben tomarse en cuenta siempre para que se dé un verdadero acceso a la justicia del Estado; para lograr eso será necesario establecer y entender esos mecanismos étnicos que constituyen una jurisprudencia de su etnia, y compaginarlos con el sistema de justicia nacional para que pueda llegar a constituirse un verdadero y funcional pluralismo jurídico.

El proyecto de ley contempla también como sujetos de derecho y de personalidad como pueblo a las minorías afromexicanas que fueron trasladados como esclavos durante la Colonia y se asentaron en diversas regiones de México: Tienen su cultura e historia y han sido mexicanos durante varios siglos, por lo mismo tendrán derechos similares a los de los pueblos indígenas.

La nueva ley en proceso enfatiza los derechos de las mujeres a la participación comunitaria, política y su derecho a la propiedad y posesión de tierras: La discriminación que sufren las mujeres respecto a la propiedad de la tierra debe erradicarse.

Las demandas que pretende cumplir la reforma constitucional propuesta son muy antiguas. La última vez que se discutieron con cierta profundidad fue en las mesas del diálogo por una paz digna, organizadas en el poblado de San Andrés Larraínzar, en los Altos de Chiapas, a raíz del conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano.

Yo participé como asesor del EZLN en la segunda mesa del diálogo por la paz. En febrero de 1996 se firmaron los primeros acuerdos entre el Gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN, que trataban sobre los derechos indígenas. Faltaban varias mesas más y había un cauto optimismo entre los comandantes del zapatismo. Unos meses después, la segunda mesa de negociaciones sobre justicia, en la que participaba, se suspendió: Los representantes del Gobierno optaron por estar presentes pero no dialogar.

Hoy, 28 años después, se empieza a reconocer a los pueblos indígenas, sus derechos y su personalidad jurídica. Enhorabuena…

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