Cerro de La Campana

Como inviable ven en Uber la propuesta presidencial para su empresa y otras aplicaciones para regularizar la situación de sus conductores, al menos como está actualmente el documento que les presentaron, pero los conductores la aplauden.

El asunto es más complejo que como está planteado en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a decir director de Asuntos Públicos de Uber, Nicolás Sánchez, pues asegura que son casi 2.5 millones de personas que trabajan como repartidores en diversas plataformas.

Argumenta que están de acuerdo en mejorar la protección de la gente, pero hay aspectos que no consideran como que no hay jefes porque no es un esquema similar al de los trabajos tradicionales, nadie está obligado a trabajar ciertos horarios o determinadas zonas, pues el 70% se conecta menos de 10 horas a la semana porque tienen otras actividades.

La propuesta del Gobierno federal busca que se dé seguridad social a los repartidores de aplicaciones digitales como Uber, Didi, Rappi, Amazon y otras que ganen al menos un salario mínimo, lo que beneficiaría a cerca de 650 mil personas.

Por otro lado, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación vio con gusto la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, pues busca reconocer la relación de trabajo con lo que implica de seguridad social, reparto de utilidades e indemnizaciones en caso de accidentes y frenar la precarización laboral.

Son muchos factores para considerar, además de los planteados por Uber, por lo que es importante que se abra el diálogo sobre esta iniciativa.

El acelerador sigue con fuerza en las reformas constitucionales y ahora será la reforma energética que llegará al Congreso del Estado y a todos los congresos locales con miras a conseguir el aval de 17 para que pueda emitirse el decreto.

La madrugada de ayer se aprobó en el Senado, presidido por Gerardo Fernández Noroña, con la mayoría de Morena y sus aliados la reforma constitucional que regresa a Pemex y la CFE su carácter de “empresas públicas” a cargo de conducir el sector energético mexicano, en lugar del concepto “empresas productivas del Estado”.

Con esa decisión, para los morenistas que consigue sacar adelante esta iniciativa que el entonces ex presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, pero no logró ser aprobada hace dos años no consiguió la mayoría calificada al ser rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados.

Para los legisladores de Morena esta reforma energética aprobada por ellos representa la recuperación de la soberanía energética del País, para los opositores es una regresión porque se “endosará” a la población el déficit que arrastran Pemex y CFE y que se “subsidiará la ineficiencia”.

Los pésimos sistemas de movilidad deberían preocupar a las autoridades de todos los niveles de Gobierno porque un reciente estudio indica que de 32 ciudades del País evaluadas en transporte público, 31 reprobaron.

Desde el acceso, la eficiencia, la seguridad y sostenibilidad son asuntos que deben ponerle lupa las autoridades responsables, pues es un servicio que pega directa al bienestar de los ciudadanos.

Eso arroja un estudio hecho en once ciudades con menos de 900 mil habitantes y 21 con más de esa población y se refleja en el ranking del Centro Mario Molina, una asociación civil, independiente que busca consolidar las actividades de Mario Molina, el mexicano Premio Nobel de Química, para encontrar soluciones en temas de medio ambiente, uso de la energía y cambio climático.

La única ciudad aprobada fue Villahermosa con 60.46 mientras que Morelia tuvo el puntaje general más bajo 28; Hermosillo reporta 44.20; la media fue 41.19. Hay mucho trabajo por hacer.