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Cerro de La Campana

Ante la exigencia social de frenar la violencia contra las mujeres, el gobernador Alfonso Durazo ha reiterado que su compromiso está no sólo con tener un gabinete paritario sino en encabezar los esfuerzos para eliminar el maltrato hacia ellas, en todas sus modalidades.

Cerro  de la Campana

Ante la exigencia social de frenar la violencia contra las mujeres, el gobernador Alfonso Durazo ha reiterado que su compromiso está no sólo con tener un gabinete paritario sino en encabezar los esfuerzos para eliminar el maltrato hacia ellas, en todas sus modalidades.

Sonora se convirtió en uno de los primeros estados en implementar un protocolo para prevenir, atender y denunciar la violencia contra las mujeres en entornos digitales, y el mandatario explicó ayer que no ha escatimado esfuerzos y recursos para impulsar programas, acciones y proyectos para salvaguardar la integridad de todas las mujeres sonorenses.

Esto fue en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde el gobernador Durazo también anunció la creación de un refugio estatal para víctimas de violencia extrema.

Ese centro, de acuerdo con lo expuesto, contará con espacios para albergar y proteger desde mujeres solitarias hasta familias completas que estén viviendo episodios violentos en su entorno.

Además, resaltó la implementación del sistema “Salva” porque se ha logrado reducir un 10% los reportes de violencia familiar y de género; y se trata de un modelo que se aplica actualmente en 60 municipios de la entidad, y se han habilitado 3,000 puntos “Salva” con el apoyo de comercios y la sociedad civil y organizada.

Otras acciones que destacó el mandatario estatal es que se elevó el rango de Instituto a la Secretaría de la Mujer y se ha instaurado el código violeta para la activación de protocolos de seguridad.

En su mensaje, el gobernador Durazo dijo que “el trabajo será incansable hasta lograr una vida plena libre de cualquier tipo de violencia para las mujeres de Sonora”.

En el grupo élite de 15 empresarios líderes del País que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización está la sonorense María Elena Gallego, presidenta y directora general del Grupo Collectron International Management.

En la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum dio a conocer a este equipo selecto que coordinará Altagracia Gómez Sierra, quien ha colaborado desde la campaña presidencial en la estrategia de atracción de negocios e inversión.

Con una amplia y reconocida carrera empresarial, María Elena Gallego aportará su experiencia en el servicio a firmas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en este consejo que busca potenciar el desarrollo en todas las regiones del País y sobre todo aprovechar las oportunidades del “nearshoring” en sectores como automotriz, agroindustria, aeroespacial y la industria química.

Los otros integrantes del consejo son Gina Diez Barroso Azcárraga, Myriam Guadalupe de la Vega, Blanca Treviño de Vega, Concepción Miranda, Tamara Caballero, Ana María Macías, Rodrigo Herrera Aspra, Antonio del Valle Perochena, José Chapur Zahoul, Eduardo Tricio Haro, Raúl Gutiérrez Muguerza, Juan Domingo Beckmann y Armando Garza Sada.

Una buena convocatoria tuvo la conmemoración del 32 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con la participación de representantes del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante su mensaje, el presidente de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, habló de la importancia de privilegiar la defensa de las víctimas y el trabajo que se ha realizado de atención a la población vulnerable y la reestructura del organismo defensor para mejorar sus resultados que, aseguró, reportan avances importantes.

Ahí estuvieron Jorge Anaya (CIDH), así como Bernardette Ruiz Romero, subsecretaria de Gobierno, en representación del gobernador Alfonso Durazo, así como representantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Congreso local, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos.

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