Cerro de La Campana

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado de autoridades federales, estatales y municipales, colocó la primera piedra de las que serán las primeras 328 viviendas que se edificarán en el Estado a través del Programa de Vivienda para el Bienestar.

En Sonora se construirán 33 mil 800 casas en los próximos seis años, del millón consideradas a nivel nacional en esta estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; serán 4 mil 767 en el primer semestre.

Durante la ceremonia realizada en Cajeme se explicó que este plan dará prioridad a las familias que perciban menos de dos salarios mínimos, así como a jóvenes y mujeres que estudian y trabajan.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, acompañó al Ejecutivo estatal en el inicio del programa en la entidad que pretende garantizar a la población de sectores vulnerables una vivienda adecuada y accesible.

Vega Rangel aseguró que el Gobernador siempre le manifestó el interés de empujar el programa y ser de los primeros en el País.

Además, en el evento se dio a conocer que en Sonora se prevé la entrega de 30 mil escrituras, así como la generación de más de 380 mil empleos directos e indirectos beneficiando con ello la economía de la región a favor de las familias sonorenses.

El nombramiento que hizo la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, de José Arévalo Romo como titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del organismo electoral, provocó las primeras reacciones, incluso dentro del mismo INE.

Lo hizo sin tener el aval del consejo general y haciendo uso de la atribución que le confirió la reforma judicial aprobada recientemente por los diputados y senadores.

Dania Ravel Cuevas, consejera del INE, señaló en sus redes sociales que este nombramiento rompe con las designaciones colegiadas del cuerpo ejecutivo del Instituto que existían desde que era IFE.

“La sustitución de atribuciones colegiadas por la concentración de una única visión, con independencia de la persona que la ejerza pone en riesgo la pluralidad, resta legitimidad a las designaciones y además podría propiciar prácticas poco democráticas y más cercanas a la discrecionalidad”, citó.

Para el especialista Ernesto Guerra, el nuevo funcionario no cuenta con la experiencia al cargo que va, postura que tienen algunos sectores de la sociedad.

El Instituto Estatal Electoral busca que quien llegue como juez o magistrado en Sonora no haya sido sancionado por violencia de género, delitos sexuales o con deuda alimentaria.

El presidente del organismo electoral, Nery Ruiz, firmó un acuerdo con el Supremo Tribunal y la Fiscalía General de Justicia para agilizar la verificación de cada uno de los aspirantes.

Cabe recordar que el Poder Judicial del Estado colaboró en la pasada elección con información sobre 3 mil 695 candidatos.

El presidente del IEE recordó que, aunque la ley exige el cumplimiento de estos requisitos, los tiempos del proceso electoral son breves, por lo que es fundamental contar con mecanismos ágiles de verificación.

La elección judicial se realizará el 1 de junio de este año y costará a los sonorenses alrededor de 200 millones de pesos, un presupuesto que ya fue autorizado.

Serán un total de un total de 50 cargos, entre ellos, tres magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, tres magistraturas de los Tribunales Regionales en Circuito y 39 personas juzgadoras.