Batarete

No More Deaths/No más muertes, es una organización de la sociedad civil, que fue fundada en Arizona hace unos quince años por varios líderes religiosos, entre otros el anterior obispo de Tucson, Gerald Kicanas, el ministro presbiterano John Fife y algunos personajes de la comunidad judía. La iniciativa obedeció a la necesidad de una presencia constante en la región fronteriza para auxiliar a las personas y poner un alto a la muerte de inmigrantes en el desierto de Sonora. Una de las primeras actividades del grupo fue organizar patrullas de voluntarios que recorrieran el desierto, en auto o a pie, y buscaran migrantes en condiciones extremas de hambre, sed o necesitados de atención médica. Muy pronto fueron detectados por elementos de la Border Patrol. Ya en el año de 2005 la patrulla fronteriza arrestó a dos asociados que transportaban a tres inmigrantes desde Arivaca hacia Tucson para que fueran atendidos en un hospital. Los caminantes presentaban un cuadro de hambre y sed severas, vómitos y los pies destrozados con ampollas que les impedían caminar. Los acusaron de conspirar para transportar ilegales y los amenazaron con hasta quince años de prisión y multas de medio millón de dólares. En el 2006 fueron levantados los cargos en su contra por el juez Raner C. Collins que consideró que se habían atenido a un protocolo ya establecido entre la patrulla fronteriza y Nomoredeaths, y que su ayuda era legal y humanitaria. Unos años más tarde, en 2008, otro voluntario fue arrestado por “tirar basura” en un área de preservación de vida silvestre, cuando en realidad había estado dejando comida y botellas de agua en el desierto, en la ruta de migrantes. Los cargos se levantaron y salió libre. Desde esos años los integrantes de la patrulla fronteriza se han dedicado a obstaculizar la labor de los activistas que dejan ayuda en aquellos andurriales desolados. Empezaron en las cercanías de Tucson y gradualmente fueron explorando otras áreas; cuando incursionaron en la zona de reserva de Cabeza Prieta, al Noroeste de Sonoyta, Sonora, quedaron impresionados por la cantidad de cadáveres que encontraban. Fue cuando se tomó la decisión de dejar paquetes con agua, comida, cobijas y hasta calcetines para ayudar a los peregrinos. En el 2017 contaron 32 cuerpos en esa zona y afirman que debe haber muchos que nunca han sido localizados. Cuando Trump llegó a la presidencia el hostigamiento se incrementó exponencialmente. La organización publicó un reporte, hace un año, en el cual documentaba cómo los patrulleros destruían los recipientes de agua y confiscaban la comida y ropa que se dejaba para los migrantes. Unas horas después en una clara venganza o retribución, la Patrulla arrestó a un activista, Scott Daniel Warren, y lo acusó de ayudar y hospedar a ilegales, y conspirar para protegerlos proveyéndolos de agua y comida, en un paraje del desierto. Piden para él 20 años de prisión. El juicio inició esta semana en Tucson. Esta persecución apunta a la voluntad, de parte del Gobierno de Donald Trump, de impedir que se salve la vida de migrantes y obstaculizar los intentos de ciudadanos comprometidos por ayudar a quienes ingresan subrepticiamente a su territorio. Para el desalmado ocupante de la Casa Blanca, un indocumentado es un criminal, un delincuente peligroso, y quien le asista se convierte en un cómplice de su “delito”. Por eso está criminalizando la ayuda humanitaria a quienes intentan cruzar este desierto que habitamos. Pretende lograr que la solidaridad entre los prójimos sea considerada un crimen, y que quienes los ayuden movidos por el amor, solidaridad o por el simple reconocimiento de la penuria del otro y su necesidad de sobrevivir, sean escarmentados con cárcel y multa. Trump es incapaz de entender el sufrimiento ajeno, y está situando su siniestra perspectiva, su ilegítima “legalidad”, en contra de lo más decente que tiene la humanidad: La generosidad, la capacidad de sentir con los otros, y apoyarlos altruistamente.