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El pasado lunes 25 de febrero se realizó, en El Colegio de Sonora, una jornada de estudio y discusión sobre la situación de los jornaleros agrícolas en México. Lo organizó el Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS), formado por investigadores de El Colegio de Sonora, Voces Mesoamericanas, Mixteco Yusonovico. Letras Migrantes y Libertad. Al evento acudieron promotores y académicos, tanto de la localidad como de varios estados de la República, además de representantes de jornaleros del Estado de Sonora, en particular miembros de las etnias mixteca y triqui que viven en Miguel Alemán, Sonora. Estas son sus palabras. Hace un par de meses suscribimos un pronunciamiento para impulsar la construcción de una agenda social incluyente que tomara en cuenta a los jornaleros, y las jornaleras, del País. Consideramos importante pronunciarnos para que el nuevo Gobierno diseñe y ejecute políticas públicas que mejoren la calidad de vida de esta población; es imprescindible constatar el abandono y exposición a riesgos en que viven miles de jornaleros de las zonas agrícolas de todo el País. Los lugares de origen de los migrantes son los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, mientras que los principales destinos son Sonora, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Durango. Las condiciones actuales de buena parte de los campos agrícolas no sólo limitan el bienestar de los jornaleros, sino que también reproducen la indefensión de sus derechos fundamentales y la vulnerabilidad física y social de sus familias tanto en sus lugares de origen como de destino. Los sistemas de enganche, reclutamiento y las modalidades de pago, mantienen a los trabajadores en la precariedad, limitan el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de dignificar su labor. Es particularmente grave el quehacer que niños y niñas desempeñan en los campos agrícolas, puesto que sacrifican tiempos de estudio, juego y aprendizaje para trabajar o acompañar a sus padres en la cosecha. Muchos de estos niños carecen de documentación oficial como actas de nacimiento, y urgen convenios con los registros civiles de los estados de origen para garantizar la emisión de esas actas. Preocupa que actualmente existan zonas de alto rezago social en los estados de destino. En Sonora, en las zonas de agricultura y en las localidades que concentran la población jornalera, suelen existir graves carencias materiales, una marcada insuficiencia en los servicios públicos y de salud, además de inseguridad, drogadicción y violencia contra las mujeres. Un peligro frecuente son las intoxicaciones por agroquímicos debido al mal manejo de los mismos, y al uso de ropa inadecuada: Esto implica un riesgo a la salud, tanto individual como de las familias. A ello habría que sumar las largas jornadas laborales bajo el Sol quemante del verano o en las bajas temperaturas de invierno, condiciones que producen agotamiento y efectos nocivos en su salud. Consideramos nuestra responsabilidad denunciar, hacer visible y exigir sean atendidas estas y otras injusticias frecuentes. Hacemos un llamado al nuevo Gobierno de la República para que se enfatice en la política social y de salud, y la dignidad humana por encima de la visión clientelar y asistencialista del desarrollo social. Es necesario reivindicar mejores condiciones y los derechos laborales y sociales para estos asalariados, y resulta imperativo luchar porque se cumpla la Ley Federal del Trabajo para que todos los jornaleros tengan acceso a la salud y al sistema de pensiones y jubilaciones. Es necesario revisar la Ley del Seguro Social respecto al número de semanas cotizadas para alcanzar la pensión por jubilación. Enfoques como la justicia ambiental, la equidad de género, los derechos humanos, la interculturalidad, la educación, la inclusión social, la reducción de riesgos, la eliminación de los prejuicios de raza y clase y, por encima de todo, la paz, deben ser considerados como plataformas mínimas para la construcción de políticas públicas con justicia social.

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